Europa Press publicaba el pasado día 13 el siguiente articulo:
"El Juzgado de lo Social número 2 de Valladolid dejó el 12 de junio visto para sentencia el juicio promovido por 70 trabajadores de la empresa tapicera "Jojama", quienes reclamaron la extinción de sus contratos por impago de salarios y falta de ocupación efectiva y solicitaron más de 3 millones de euros con concepto de las mensualidades adeudadas por la mercantil y las indemnizaciones correspondientes.
Durante la vista, que se prolongó por espacio de poco más de una hora, la totalidad de la plantilla se concentró a las puertas de la sede de los juzgados de lo social, en la Plaza del Rosarillo, frente a una pancarta en la que se podía leer "70 familias a la calle", mientras en el interior sus abogados hicieron causa común al solicitar a la juez una sentencia que declare resueltos los contratos de los trabajadores por las causas ya citadas al objeto de que puedan acogerse al paro, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.
Los dos letrados de la parte demandante, Eduardo Ortega y Dionisio Martín, pusieron de manifiesto que desde el pasado día 12 de marzo, fecha en la que la antigua propietaria de "Jojama", María Concepción Montejo, vendió la mercantil por 70.000 euros a una sociedad "fantasma" denominada "Ocio y Regalos", los empleados no sólo se encuentran sin carga efectiva de trabajo sino que llevan cuatro meses sin cobrar.
ATENTADO A LA DIGNIDAD DE LOS TRABAJADORES
"Una de las principales vulneraciones es que los empleados están de brazos cruzados, lo que afecta a su dignidad", denunció el abogado Eduardo Ortega, quien se mostró convencido de que la juez declarará extinguidos sus contratos y, además, condenará a la empresa a abonar indemnizaciones de 45 días por año trabajado, mientras que los salarios adeudados serán objeto de otros procedimientos por reclamación de cantidad que se verán en los próximos meses de agosto y octubre.
Por su parte, el representante legal de la parte demandada, Fernando Nogués, se declaró conforme con una posible condena sobre "Jojama", si bien rechazó la pretensión de los demandantes de extender la responsabilidad a sus antiguos administradores, María Concepción Montejo y su hijo Jaime Gómez Montejo, así como al hermano de la primera, Herman Montejo, actual propietario de la mercantil, o la sociedad Mokat, propietaria del terreno sobre los que se asienta la tapicera.
"Excluimos de esa responsabilidad a los administradores porque en la jurisdicción laboral no es posible, habría que ir a la vía civil", advirtió Nogués, quien insistió en que tan sólo "Jojama" habría de hacerse cargo del pago de salarios e indemnizaciones mediante los bienes que actualmente se encuentran embargados por orden judicial.
En ese caso, y dado que los bienes embargados (algún vehículo y maquinaria) apenas cubren una "ínfima parte", cerca un un 5 por ciento, de las cantidades reclamadas por los trabajadores, sería preciso la entrada en escena del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) para, ante la insolvencia parcial de "Jojama", abonar a los afectados 30 días por año trabajado con un tope de 12 mensualidades.
ESPECULACIÓN URBANÍSTICA, "UNA CHORRADA"
Aunque los trabajadores han venido sosteniendo que la venta de "Jojama" a "Ocio y Regalos", sociedad "fantasma" carente de actividad desde 1989, encierra una operación de especulación urbanística con los terrenos en los que se asienta la tapicera, el abogado de la parte demandada calificó tales acusaciones de "chorrada" y explicó que lo único que pretendía María Concepción Montejo, antigua propietaria, era deshacerse de la misma tras acumular en 2006 unas pérdidas superiores a los 500.000 euros.
Así, siempre en palabras de Fernando Nogués, la entonces propietaria solicitó los servicios de la empresa madrileña M.F.H. Gestión para buscar un comprador que mantuviera la actividad y los puestos de trabajo, con la mala fortuna de que los seleccionados fueron, "entre comillas, esos supuestos estafadores", en referencia a José García Gallego y su hijo, administradores de "Ocio y Regalos", el primero de ambos detenido el día 22 de marzo ante las puertas de la empresa al estar reclamado por delitos de estafa e insolvencia punible.
"Los antiguos propietarios han intentado arreglar las cosas para que el mal sea el menor posible, ya que los trabajadores son los que menos culpa tienen", sentenció Nogués"
Esta noticia ha aparecido publicada en la web la ley laboral.
